Sobre las Elecciones y la Representación LGBT en el Estado

Las últimas elecciones legislativas y de consulta presidencial llevadas a cabo el 8 de marzo de 2026 en Colombia han sido leídas “en clave lgbt” de dos maneras distintas: 

Una primera lectura sugiere que la garantía de los derechos está en peligro, pues se pasa de tener seis curules que “representan la diversidad” a únicamente dos en este nuevo congreso, concretamente en la Cámara de Representantes: Mauricio Toro y María del Mar Pizarro.  

La segunda lectura, un poco en contravía a la primera, sugiere que la alta votación alcanzada en la consulta de la derecha y Juan Daniel Oviedo, abiertamente gay, y su ahora elección como fórmula vicepresidencial de la nepo-baby (hija de una histórica familia de hacendados y esclavistas del Cauca, nieta de un ex-presidente) Paloma Valencia, demuestra un nivel de igualdad e inclusión ante el sistema “sin precedentes” en Colombia. Según esta lectura, además, con su elección alcanzaremos el supuesto final de la lucha feminista y anti-heteropatriarcal, pues ya se habría conquistado el lugar máximo de poder en la república con una mujer presidenta y un vicepresidente gay. 

Ambas apreciaciones son engañosas y esconden una falsa confianza en el estado colombiano que ha demostrado una y otra vez su incapacidad o su desinterés por proteger las vidas LGBTIQ+. 

Por un lado, caracterizar la baja “representatividad” LGBTI en el Congreso como peligrosa sobreestima lo que las curules representativas pueden hacer. El congreso saliente fue identificado como “el más amigable” con los derechos LGBTIQ+, llegando incluso a fundar la primera Comisión Accidentada LGBTIQ+ que además incluía curules de simpatizantes. Sin embargo, fueron incapaces de aprobar una sola ley que beneficiara a las disidencias sexuales y de género. No lograron en dos intentos (para un total de tres en los últimos dos periodos legislativos) prohibir las mal llamadas “terapias de conversión”; no fueron capaces de posicionar el proyecto de Ley Integral Trans y fueron ineficaces para frenar la creación de proyectos de ley transfóbicos. Por ejemplo, el Proyecto de Ley 001 de 2025 "Con mis hijos no" que atenta contra la autonomía y acceso al derecho a la salud de las infancias trans, y el Proyecto de Ley 181 de 2024 "Ley de la Mujer en el Deporte" que busca excluir la participación de personas trans en el deporte colombiano. 

Tener más “representantes” de los sectores LGBTI en un congreso que por definición tiene una estructura meramente representativa, vertical y antidemocrática, no cambia el poder limitado que han probado tener para transformar la realidad material de las disidencias sexuales y de género del país. En conclusión, ni teniendo el congreso entero lleno de personas LGBTQ+ se puede garantizar que exista una respuesta concreta que atienda a las causas estructurales que sustentan la cada vez más alarmante violencia y exclusión contra esta población. 

Por otro lado, sugerir que Oviedo representa un triunfo para la disidencia sexual y de género es, por lo menos, ingenuo. La orientación sexual de Oviedo no le hace automáticamente un aliado de las disidencia sexuales y de género. Su alineación con  una extrema derecha que defiende un status quo, por definición, anti-LGBTI (así en el discurso ahora finja solapadamente que no), de hecho, termina por actuar en detrimento de los intereses de las disidencias sexuales y de género, especialmente las empobrecidas. Prueba de esto es su soberbia, disfrazada de “centrismo anti-ideológico”, su desdén por las mujeres enmarcada en sus ideas natalistas que creen que el destino natural de las mujeres (con capacidad de gestar) debe ser parir hijos, y, en general, su incapacidad de reconocer la relevancia de las condiciones materiales en cualquier tipo de análisis social serio.

Ahora, no nos sorprende que hayan personas LGBTQ+ que, como Oviedo, deseen defender el status quo político, social, cultural y económico, erigido sobre la triada violenta del modo de producción capitalista, el patriarcado y la herencia colonial racista y ableista. Por un lado, porque en el caso de las personas LGBTQ+ que hacen parte de las clases dominantes y grupos privilegiados, priorizan la defensa de sus intereses de clase, toda vez que su modo de vida acomodado depende de que este status quo se mantenga. Por otro lado, porque aún perteneciendo a las clases trabajadoras, han sido educados para creer que la forma correcta o única de vivir en el mundo es la que, coincidencialmente, beneficia a las clases privilegiadas. 

Muchas personas LGBTIQ+, principalmente urbanas y de “clase media” aspiran a una vida sustentada alrededor del consumo, de necesaria explotación laboral donde solo debemos “vivir para trabajar”; donde la única forma válida de familia es la nuclear, con una moral estricta y una definición binaria y restrictiva de los roles de género (aún dentro de familias homoparentales); donde el modelo deseable de ser se corresponde con el de la blanquitud y el del cuerpo capaz. 

En ese sentido, el problema no es únicamente quién ocupa los cargos de representación, sino qué proyecto político defienden y a qué intereses responden. Que personas pertenecientes a grupos históricamente al margen ocupen cargos de representación no transforma en sí mismo las estructuras que sustentan esa exclusión. Cuando el proyecto político que se representa busca preservar el orden social existente, la identidad de quien lo encarna termina siendo secundaria frente a los intereses que ese poder protege.

Así como nos encontramos con mujeres que en posiciones de poder han privilegiado a los ya privilegiados, desatado las fuerzas destructivas del capitalismo y usado su posición para violentar a las clases populares, como Margaret Thatcher, Ursula Von der Layen, o Maria Fernanda Cabal, no podemos esperar que una persona LGBTIQ+ actúe en beneficio de las mayorías oprimidas.

No existen identidades revolucionarias, lo que nos hace revolucionarixs es construir para la revolución. En ese sentido, la potencial llegada a la vicepresidencia de un hombre gay, no nos “representa” ni nos tranquiliza cuando el proyecto político que lo respalda sigue siendo patriarcal, racista, paramilitar y protector del orden capitalista que explota y violenta a las mayorías trabajadoras.

Por lo anterior, no sentimos ni alivio ni preocupación frente al resultado electoral, pues como los últimos 4 años han demostrado, el aparato estatal no basta, por bienintencionado que sea, para concretar transformaciones reales, si se sigue ignorando la urgencia de atender las condiciones materiales e ideológicas que sostienen la violencia y la exclusión  contra las disidencias sexuales y de género. 

La cantidad de cargos de representación ocupados por personas LGBTQ+, ni las banderas de arcoíris instaladas en las fachadas de edificios públicos, resultan insuficientes (por no decir irrelevantes) ante el escenario de violencia que enfrentan hoy las disidencias sexuales y de género en el país. A la fecha se han registrado por lo menos 19 asesinatos de personas LGBTIQ+, una cifra alarmante que organizaciones sociales y procesos populares venimos denunciando desde hace años, sin respuesta.

Esta violencia es evidencia el fortalecimiento de fuerzas reaccionarias en distintos territorios de Colombia, que pretenden seguir consolidando su proyecto político sustentado en la opresión de las mayorías. 

Instamos a una movilización masiva rechazando este escenario de violencia y ofreciendo una alternativa de proyección política y social. Sin falsas expectativas, pero sin rehusarse a dejar de soñar y trabajar por la construcción de un mundo mejor.

¡Arriba lxs Que Luchan!